La política de impuestos y el crecimiento económico

Es bien sabido que Colombia atraviesa por una de las épocas de recesión más profunda en la historia del país. El crecimiento económico, medido a través del PIB, ha estado rondando escasamente el uno por ciento y en algunos años ha sido negativo. Es, pues, deber del estado tratar de reactivar la actividad y propiciar un ambiente que permita tan anhelado crecimiento. Para ello se acude a las denominadas políticas fiscales que basan su argumentación teórica en tres frentes de acción: gasto público, emisión de dinero y endeudamiento.

En el primer caso, si la economía se encuentra en un ciclo recesivo, el gasto público debería exceder a sus ingresos, los cuales provienen, en un alto porcentaje, de la estructura tributaria del país, en sus diferentes manifestaciones: renta, ventas, timbre, predial, vehículos y otras tasas y contribuciones. Lo anterior querría decir que dicha estructura fiscal no debería ser tocada o si lo es, debería hacerse para reducir la carga que deben soportar los contribuyentes.

Pero, entonces, ¿cómo se financia el gasto público (y la inversión pública, también)?. Debería hacerse a través de los otros dos instrumentos mencionados, es decir emisión de dinero o endeudamiento. Ésta última política sólo puede ser empleada hasta ciertos niveles, debido a que intervienen en su administración variables tales como confianza, tasas de interés y políticas cambiarias y de inversión extranjera, entre las más importantes. En Colombia, ya se llegó a ése límite máximo, por lo cuál, difícilmente, el gobierno podrá acudir al mecanismo de emitir bonos o papeles comerciales del estado, con el objetivo de captar recursos para financiar su deuda pública.

En consecuencia, queda la emisión de dinero, a través del Banco de la República. Esta forma de generar recursos es, lógicamente, inflacionaria por cuanto no cuenta con un respaldo de producción real de bienes y servicios en la economía. Sólo habrá más dinero en circulación para demandar los mismos productos y las mismas actividades. Pero ésta situación inflacionaria sólo será coyuntural, pues una vez el sector productivo asimile e invierta los menores impuestos causados por una política fiscal de la naturaleza aquí explicada, el flujo económico del país recibirá nuevos bienes y servicios, con lo cuál el ciclo inflacionario se detendrá. Habrá expansión en la economía, generación de empleo y, por supuesto, altas tasas de crecimiento y desarrollo.

Muy esquemáticamente, el anterior planteamiento corresponde a la posición de Keynes, explicada ampliamente en su libro Teoría general del empleo, el interés y el dinero, por allá en la década de los treinta. Durante los setenta años siguientes a la publicación del texto, muchos gobiernos de Europa y de los Estados Unidos han aplicado con éxito éste recetario, perfeccionándolo en algunos casos, pero sin abandonar sus lineamientos generales.

Sin embargo, al decir del ex ministro Rudolf Hommes, dicho esquema no es aplicable en Colombia. El porqué, no se sabe. Y es así cómo, en la reforma tributaria del presente gobierno, se va a proponer una sobretasa del 10 por ciento del impuesto básico de renta, que equivale a tres puntos y medio de mayor gravamen sobre la renta. Además se incluirán nuevos productos en el régimen del impuesto al valor agregado (o impuesto a las ventas) que equivale, en la práctica, a nuevos tributos. Lo mismo ocurrirá con el impuesto predial (o impuesto a la propiedad), cuya estructura va a ser modificada con el propósito de obtener más recursos para el estado, a través de una exacción adicional, bien sea a través de un aumento en las tarifas o por cambios en la legislación correspondiente.

Y, por si fuera poco, el gasto público no sólo no se expandirá sino que se va a recortar, en clara contradicción a los preceptos Keynesianos anteriormente explicados. Surge, de ésta manera, las preguntas lógicas ¿Cómo se logrará, con éstas políticas fiscales de estado (más impuestos y menos gasto público), salir del ciclo recesivo y dirigir el país hacía una ruta de crecimiento sostenido?; ¿Porqué no se aplica el instrumental recomendado por Keynes? y ¿No es mejor crecer con inflación que eliminar el fenómeno, pero a cambio de desempleo y recesión?

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Analizado por César A. a las 4:37 PM

  Un modelo de estructura tributaria

Aunque el propósito de esta columna es analizar, bajo la modalidad de foro de opinión, el contenido de la reforma tributaria que el gobierno presentará ante el congreso de la república en los próximos días quiero, como preámbulo a dicho análisis, plantear un primer esquema de lo que podría ser un nuevo modelo de estructura tributaria que podría solucionar, de una vez por todas, el eterno problema de los bajos niveles de ingresos que, por este concepto, obtiene el estado y de los altos índices de evasión fiscal.

Efectivamente, en los últimos diez años se han adelantado nueve reformas tributarias, todas ellas con el propósito de elevar los ingresos fiscales del gobierno central y de penalizar la evasión de impuestos. El alto número de reformas, casi una por año, conduce a concluir que ninguna de ellas ha cumplido los objetivos que dieron origen a su promulgación. Así mismo, como ya se mencionó, el soporte principal de tales cambios en la estructura tributaria del país se ubica en los índices de evasión, los cuáles alcanzan hasta un 34 por ciento (¿de qué base, entre otras cosas?), bajo la premisa de que si se cierra la compuerta de la evasión y la elusión, los ingresos tendrán que aumentar, casi que automáticamente.

Pues bien, la evasión y la elusión fiscal pueden manifestarse de dos formas. Una, que quien estando obligado a declarar y pagar impuestos no lo haga, en cuyo caso no se necesita de ninguna reforma tributaria para obligar a tales personas y empresas a cumplir sus obligaciones para con el país, sino que bastará simplemente con identificarlos y practicar las liquidaciones oficiales a que haya lugar, con sanciones económicas y penales incluidas. El porqué no se haya adelantado, por parte de las autoridades correspondientes, ninguna acción cuando se presenta ésta situación extrema es un interrogante que seguramente nunca tendrá respuesta.

La otra manera de evadir o eludir las obligaciones fiscales a cargo, es acudiendo a los llamados beneficios tributarios, bajo la forma de ingresos no gravados, rentas exentas o gastos deducibles, de tal manera que el impuesto a pagar (sobre la renta líquida, es decir la diferencia entre ingresos gravados y costos y gastos aceptados fiscalmente) sea el menor posible, ojalá igual o inferior a la suma de retenciones en la fuente y anticipos cancelados. Se cree que eliminando algunos de estos beneficios el ingreso fiscal de la nación aumentará.

Sin embargo, en ninguno de los dos casos dichas estrategias han arrojado resultados positivos, como lo demuestra el hecho de tener que adelantar una nueva reforma cada año. ¿Porqué ocurre esto?. Simplemente, porque con tantas posibilidades como existen en el estatuto tributario, para un contribuyente es muy fácil empezar a usar otra clase de beneficio, de tal manera que pueda ser reemplazado aquél que haya sido eliminado por alguna de las reformas tributarias tramitadas y aprobadas por el Congreso Nacional. De otra parte, las labores de auditoría y revisión por parte de la Dian son completamente ineficientes y en la mayoría de los casos no se puede probar que haya existido evasión y, en consecuencia, los mayores impuestos determinados en dichas visitas son insignificantes, frente a la magnitud del problema (se habla de 4 mil billones de pesos dejados de recibir por el fisco, debido a ése 34 por ciento de evasión y elusión).

Por tal motivo, quiero presentar ante la opinión pública el siguiente modelo de estructura tributaria para que sea aplicada no sólo en Colombia, sino en todos aquellos países con problemas similares al nuestro. Las premisas en que se basa dicho modelo son tan simples que uno se pregunta ¿porqué no se le ha ocurrido a nadie antes?

La idea es que el impuesto sobre la renta y complementarios sea reemplazado por un impuesto al ingreso neto. Así de sencillo. La tarifa a aplicar sería única y debería estar situada entre un 0.5 y un 3 por ciento de todos los ingresos operacionales y no operacionales percibidos (o causados) por los contribuyentes. De ésta manera, se borra de un solo tajo toda la problemática de los ingresos no gravados, rentas exentas y costos y gastos deducibles que es, como ya se explicó, donde se origina una gran parte del problema fiscal. Así mismo, las empresas no incurrirán en la tentación de registrar gastos no reales para disminuir la base gravable, con lo cuál las utilidades informadas serán más transparentes, las empresas se fortalecerán patrimonialmente, se generará más empleo y el país podrá incrementar sus índices de desarrollo y crecimiento económico.

El control del impuesto se hará a través de la retención en la fuente, la cuál deberá ser practicada por quién reconozca el ingreso a favor de un tercero, a la misma tarifa del impuesto sobre la renta, si se trata de personas jurídicas. En el caso de personas naturales no habrá retención en la fuente por éste concepto por lo que, mensualmente, el contribuyente presentará una declaración diferenciando los ingresos provenientes de personas jurídicas y cuyo impuesto ya estará cancelado (con la retención en la fuente practicada) y los ingresos provenientes de personas naturales, sobre los cuales se deberá pagar el respectivo impuesto de forma inmediata (si son ventas a personas naturales ellas habrán sido de contado, por lo que no se afectará la situación financiera de la empresa). Por su parte, los agentes retenedores deberán consignar al mes siguiente, todas las retenciones practicadas sin importar el monto de la transacción, ni la calidad del vendedor.

Como este tributo sería similar al actual de Industria y Comercio podría pensarse en sumar la tarifa de industria y comercio a la tarifa del impuesto al ingreso neto y que sólo la dirección de impuestos nacionales (DIAN) se encargara de su cobro, entregando posteriormente la parte que corresponda a los diferentes municipios. De ésta manera, los funcionarios de auditoría que se encargaban de controlar los impuestos locales pasarían a ser vigilantes también de los impuestos nacional, multiplicándose, de ésta forma, la vigilancia y el control sobre las empresas porque, además, los auditores de la DIAN ya no tendrán que pensar en la discusión de criterios sobre si un ingreso es o no gravado o si un costo o gasto es o no deducible. Habrá más tiempo para vigilar una sola variable: los ingresos operacionales y no operacionales de las empresas y habrá también, más personal disponible para tal labor (funcionarios municipales y nacionales).

De este esquema surgen dos necesidades de procedimientos de control. La primera de ellas sería que las personas naturales que ejerzan actividades comerciales o que se desempeñen dentro de las denominadas profesiones liberales deban constituirse como entes jurídicos, así sea a través de la figura de empresas unipersonales, con el propósito de que queden enmarcadas dentro de los preceptos del tributo a los ingresos netos enunciados en párrafos anteriores. Y, la otra necesidad, es exigir un registro único a todas las personas jurídicas (como una especie de licencia), el cuál debe estar visible al público en el lugar en que se desarrollen las actividades del ente, para así poder establecer un control más estricto del universo de contribuyentes del tributo.

Las demás personas naturales contribuirán al fisco mediante el sistema de retención en la fuente sobre salarios y demás ingresos laborales, cuyas tablas deberán ser estructuradas de tal manera que todos los empleados contribuyan, así sea mediante un impuesto relativamente bajo, con excepción de quienes reciban el salario mínimo. En consecuencia podría seguirse aplicando una escala variable de tarifas, aunque también parecería viable una tarifa única a los ingresos laborales mensuales totales. Así, al repartirse la carga tributaria entre empresas y empleados, aquellos estarían dispuestos a crear más fuentes de trabajo y éstos a contribuir al fisco a cambio de estabilidad laboral.

El impuesto al valor agregado (IVA) se seguirá aplicando bajo la estructura que se encuentra vigente, aunque dicho tributo es susceptible de ser simplificado para una mayor eficiencia en su recaudo y control, tal y conforme se explicará en un próximo artículo de ésta bitácora.

Finalmente, los contadores públicos y quienes ejerzan labores de revisoría fiscal serán responsables de las informaciones suministradas por las empresas en sus declaraciones mensuales sobre el valor total de los ingresos netos obtenidos durante el período, así como de practicar y consignar las retenciones en la fuente que apliquen y de certificar que la totalidad de los ingresos percibidos por el ente económico fueron efectivamente registrados en sus libros de contabilidad, so pena de incurrir en sanciones penales junto con los representantes legales de las empresas que incurran en ésta clase de prácticas.

El modelo anteriormente expuesto es, repito, sólo un borrador o primer esquema de una idea que surgió después de conocer que la próxima reforma tributaria (la décima) está por llegar y que sus propósitos son los mismos de siempre: elevar el nivel de ingresos y taponar la evasión y la elusión fiscal. Con el modelo propuesto, los ingresos del estado serán siempre crecientes, por cuanto el tributo estará ligado directamente a los volúmenes de ingresos operacionales y no operacionales de las empresas (que también serán siempre crecientes) y a los niveles de salarios reconocidos a empleados y trabajadores (que hará, a su vez, acrecentar los ingresos fiscales por los aumentos en las bases y por un número de personas cada día mayor, incorporado como fuerza laboral a la estructura productiva del país).

Como el objetivo de ésta columna es crear un foro de opinión en torno a éste tema, le invito a que publique sus comentarios y puntos de vista personales haciendo clic en el enlace que aparece después de la firma del presente artículo. ¿Será que somos capaces de crear un bloque de opinión que cambie la forma de pensar en el corto plazo por una visión de largo plazo, que garantice la estabilidad económica del país y de todos sus habitantes?. Usted puede contribuir a ello debatiendo ésta y otros enfoques que se publicarán más adelante.

Analizado por César A. a las 5:32 PM